El Tribunal Constitucional ordenó al Ministerio Interior y Policía dar cumplimiento a los decretos emitidos por el expresidente Danilo Medina (No. 262-20) y el presidente Luis Abinader (No. 297-21), mediante los cuales se concedió la nacionalidad dominicana por naturalización a 32 personas descendientes de haitianos.
La decisión está contenida en la sentencia TC-0067-25.
Este grupo fue beneficiado con la nacionalidad tras agotar el proceso del Plan de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular, establecido en el decreto 169-14.
Dicho decreto contemplaba que, "al cabo de dos años de la obtención de una de las categorías migratorias establecidas en la ley que rige la materia, las personas beneficiarias de lo dispuesto podían solicitar al Poder Ejecutivo la nacionalidad dominicana".
Tanto Medina como Abinader instruyeron al Ministerio del Interior y Policía ejecutar los decretos, juramentando como dominicanos nacionalizados a personas de ascendencia haitiana.
Sin embargo, en 2023, el grupo interpuso una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), alegando que "el ministerio no había procedido con la juramentación ni con el otorgamiento de los documentos de identidad, bajo el argumento de que el plazo del Plan Nacional de Regularización había expirado".
Decisión del TC
El TSA declaró improcedente la acción de amparo, por lo que en agosto del año pasado los afectados interpusieron un recurso de revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional, el cual fue acogido mediante la sentencia emitida el 31 de enero de este año.
- Como parte de su defensa, el Ministerio del Interior y Policía alegó no tener competencia para dar cumplimiento a los referidos decretos, argumentando que se derivan de un plan de regularización especial en el que no participó directamente.
Según Interior y Policía, la responsabilidad recaía en la Junta Central Electoral, encargada de la regularización y/o transcripción en los libros del Registro Civil de las actas correspondientes a las personas amparadas por el decreto 169-14.
No obstante, los jueces del Tribunal Constitucional acogieron el recurso de los 32 descendientes de haitianos y ordenaron al Ministerio de Interior y Policía concluir el proceso de naturalización. Además, impusieron una multa diaria de 5,000 pesos al ministerio por cada día de retraso en el cumplimiento de la sentencia.
Firmaron esta decisión los jueces Miguel Valera Montero, Eunisis Vásquez Acosta, José Alejandro Ayuso, Fidias Federico Aristy Payano, Alba Luisa Barba Marcos, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Sonia Díaz Inoa, Ejército Ferreira, Domingo Gil, María del Carmen Santana de Cabrera y José Alejandro Vargas Guerrero.
El expresidente Medina otorgó la nacionalidad a 750 haitianos el 16 de julio de 2020, y el presidente Abinader a 50 más el 30 de abril de 2021.
Voto disidente
La única magistrada que emitió un voto disidente fue Alba Luisa Beard Marcos, quien demostró que el Plan Nacional de Regularización perdió vigencia en 2018, por lo que, a su juicio, los recurrentes no tenían derecho a la naturalización bajo dicho marco legal.
Sin embargo, el tribunal sostuvo que los decretos siguen vigentes y deben ser acatados.